21 de noviembre de 2026

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Política

México oficializa filtro de seguridad nacional para inversiones extranjeras

México oficializó el filtro de seguridad nacional para inversiones extranjeras mediante una reforma a la Ley de Inversión Extranjera, publicada el 19 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación. La reforma entrará en vigor el 20 de noviembre de 2026 y permite al gobierno revisar, condicionar o bloquear adquisiciones en sectores estratégicos, como infraestructura energética, transporte, comunicaciones, minería, almacenamiento de datos, sistemas digitales, defensa, aeroespacial, inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnologías cuánticas, nucleares, nanotecnología y biotecnología.

Los inversionistas extranjeros necesitarán autorización de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras para adquirir más del 49% del capital social de una empresa mexicana. La Comisión tendrá 180 días naturales para definir el valor de los activos que activará la revisión obligatoria, y 45 días hábiles para resolver las solicitudes. El decreto no establece restricciones por país de origen.

La reforma establece multas de 5,000 a 200,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para empresas que transfieran acciones sin autorización. La Comisión podrá ordenar la desinversión, obligando al inversionista extranjero a desprenderse de los activos adquiridos en un plazo de 90 días hábiles.

La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras está integrada por dependencias como Economía, Hacienda, Defensa Nacional, Marina, Gobernación y Relaciones Exteriores. En asuntos de seguridad nacional participarán representantes de la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera. La Comisión deberá presentar al Congreso un informe semestral sobre su gestión en materia de seguridad nacional.

Patricio Martínez, socio del área de Competencia Económica e Inversión Extranjera Directa de Pérez-Llorca, señaló que “Esta indefinición representa un riesgo para adquisiciones que ya fueron pactadas, pero todavía no se concretan.” Además, comentó que “Las disposiciones transitorias protegen los procedimientos que ya estaban en trámite ante la autoridad, pero no resuelven expresamente qué ocurrirá con las adquisiciones privadas firmadas que aún están pendientes de cierre.”

Asimismo, Martínez destacó que “La falta de definiciones también puede influir en las negociaciones de compraventa, pues las empresas deberán prever posibles autorizaciones, responsabilidades y tiempos adicionales antes de concretar sus operaciones.”

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