21 de noviembre de 2026

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Política

Coparmex propone plan para recuperar empleos y reactivar economía en Sinaloa

Coparmex reportó que Sinaloa perdió 44,000 empleos y la informalidad aumenta, según datos proporcionados. Para enfrentar la crisis, la organización entregó un plan a la gobernadora Graciela Domínguez Nava con propuestas para sostener negocios, facilitar la reapertura de los cerrados y recuperar la confianza para invertir.

La crisis de inseguridad, con enfrentamientos armados, quema de vehículos y bloqueos carreteros en varios municipios, afectó la actividad económica. En Guasave, la situación fue grave: amaneció sin transporte público urbano y con la mayoría de sus comercios cerrados después de un operativo federal.

El plan propuesto incluye bajar temporalmente el IVA y reducir a la mitad el ISR para empresas afectadas. Además, Coparmex propone crear una mesa de reactivación económica sin esperar una decisión federal. También propone fortalecer la capacidad de las autoridades para investigar delitos, profesionalizar a las policías y mejorar la coordinación con la sociedad.

El plan contempla alivios fiscales estatales e incentivos para que los negocios afectados por la inseguridad puedan reabrir o reinvertir. Para micro, pequeñas y medianas empresas, se propone simplificar trámites y crear una ventanilla única para su formalización.

En turismo, los empresarios piden una estrategia para recuperar la confianza de los visitantes e inversores. Érick Roberto Mena Sandoval, presidente de Coparmex Guasave, explicó que la situación en el campo afecta el comercio, transporte y negocios de almacenamiento y procesamiento de cosechas.

Los productores en el norte de Sinaloa enfrentan dificultades para financiarse, costos de producción, problemas de disponibilidad de agua e incertidumbre sobre las condiciones de venta. Coparmex Guasave propone facilitar el acceso a crédito, seguros agrícolas y coberturas de precios, así como impulsar el almacenamiento y procesamiento de cosechas.

Mena propuso promover una iniciativa de ley para establecer criterios claros para clasificar el maíz blanco, para reflejar la calidad del grano en el precio que recibe el productor.

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