Alemania aprueba reforma aduanera para investigar patrimonios cuestionables
El Bundestag aprobó el 12 de noviembre de 2026 la Ley de justicia financiera aduanera, que amplía las facultades aduaneras para investigar patrimonios de procedencia cuestionable. La norma contempla un procedimiento administrativo para investigar y asegurar temporalmente bienes de origen sospechoso, incluyendo activos digitales como bitcoin (BTC), ether (ETH), stablecoins y otros definidos bajo el reglamento europeo MiCA.
El umbral para la investigación se establece en 100.000 euros para patrimonios en general, y se reduce a 50.000 euros para bienes sujetos a inscripción en registros públicos, como inmuebles y vehículos. El Zoll, la autoridad aduanera alemana, podrá asegurar los bienes durante un máximo inicial de 30 días, con la posibilidad de extensión por 150 días adicionales mediante un tribunal de finanzas. La confiscación definitiva requiere una decisión del tribunal de finanzas.
La reforma también amplía el control de las transferencias digitales transfronterizas y fortalece la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), encargada de analizar operaciones sospechosas. Además, se habilita el uso de inteligencia artificial, herramientas biométricas y drones en ciertas tareas de control. La Dirección General de Aduanas será reorganizada para integrar dependencias de investigación y mejorar el intercambio de información.
El ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, defendió la iniciativa como una herramienta para combatir las estructuras criminales y proteger a ciudadanos y empresas. Sin embargo, la Cámara federal de abogados de Alemania advirtió sobre posibles vacíos jurídicos y riesgos para las garantías de los afectados, especialmente por las intervenciones patrimoniales sin una investigación penal previa.
La aprobación parlamentaria no significa que la norma ya esté vigente; el Bundesrat todavía debe dar su consentimiento. El Gobierno prevé que la norma entre en vigor el 1 de enero de 2027. La aplicación de la norma pondrá a prueba el equilibrio entre la recuperación de activos vinculados con actividades ilícitas y la protección de la propiedad legítima.
