Propuesta de impuesto a dispositivos tecnológicos para compensar a creadores de contenido
El gobierno de México propone aplicar una tasa del 2% a la venta de celulares, computadoras, pantallas y memorias USB. La medida busca retribuir a los creadores de contenido por la supuesta reproducción no autorizada de sus obras. La iniciativa, vista como un nuevo IEPS que penaliza la adquisición de tecnología, ha generado controversia entre analistas y expertos.
Radamés Camargo, analista independiente, considera que la medida carece de sustento técnico y económico en la era digital. Destaca que la propuesta es anacrónica, ya que se basa en un esquema tributario concebido hace más de dos décadas. La medida representa un caso de doble tributación para los usuarios de servicios digitales, quienes ya pagan IVA en suscripciones a plataformas de entretenimiento y aranceles de importación de dispositivos electrónicos.
La propuesta, encabezada por la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) y la Sociedad de Autores y Compositores de México, se centra en el concepto de copia privada. Mauricio Jalife Daher, presidente de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI), justifica la iniciativa bajo la lógica de pagar por el acceso a contenidos protegidos por derechos de autor. El dinero recaudado se entregaría a las Sociedades de Gestión Colectiva para distribuir entre los titulares de derechos.
La figura del impuesto nació en una época en la que los usuarios grababan canciones en discos compactos, transferían archivos a reproductores MP3 o guardaban películas en memorias USB. En la actualidad, el modelo de streaming domina los mercados de la música, el cine, las series y los eventos en vivo. La necesidad de descargar y almacenar archivos en la memoria interna de teléfonos o computadoras resulta prácticamente inexistente entre los consumidores.
Camargo enfatiza que la Secretaría de Cultura pretende normar una conducta que casi desapareció en la práctica cotidiana de la ciudadanía. En 2021, el Congreso de la Unión rechazó un intento similar por instaurar este gravamen a los insumos tecnológicos.