El Salvador suma 7 BTC a sus reservas sin aclarar si cumple con las condiciones del FMI
El Salvador incrementó sus reservas de bitcoin en 7 unidades durante la semana previa al 8 de octubre de 2026, con lo que el saldo total ascendió a 7,798 BTC. De acuerdo con los datos de la Oficina Nacional del Bitcoin del país centroamericano, esa cantidad supera los 640 millones de dólares a precios de mercado, aunque esa valoración es variable y no representa liquidez fija disponible para el Estado.
El movimiento ocurre bajo la vigencia del acuerdo de crédito ampliado que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó en febrero de 2025 por 1,400 millones de dólares, con una duración de 40 meses. Entre las condiciones del programa figura limitar la acumulación estatal de bitcoin a donaciones debidamente documentadas y reducir la participación del gobierno del presidente Nayib Bukele en actividades económicas vinculadas al activo.
El origen de las 7 unidades adicionadas no está aclarado en los registros públicos. Las posibilidades incluyen donaciones privadas, compras con recursos del Estado o movimientos entre carteras digitales controladas por el propio gobierno salvadoreño que se reflejen como un cambio en los registros sin representar una entrada real de fondos. Sin datos verificables sobre las direcciones involucradas, las transacciones o los eventuales donantes, no es posible determinar si la acumulación se ajusta a los compromisos pactados.
El organismo multilateral reconoció incumplimientos de algunos criterios durante la vigencia del programa y otorgó una exención vinculada a las tenencias públicas de criptomonedas, sujeta a medidas correctivas y compromisos renovados. El 1 de octubre de 2026, el FMI aprobó la segunda y tercera revisión del programa y autorizó un desembolso de aproximadamente 138 millones de dólares.
El saldo de 7,798 BTC confirma la cifra reportada por las autoridades salvadoreñas, pero deja sin resolver la pregunta sobre la fuente de financiamiento y si la estrategia de acumulación responde a las condiciones acordadas con el fondo. Para esa evaluación serían necesarios datos verificables sobre las transacciones, las carteras implicadas y el eventual uso de recursos públicos, información que al cierre de este reporte no había sido divulgada.